En el marco del proceso encaminado a la reestructuración de la deuda de ABENGOA, el Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Sevilla tuvo que tomar la decisión de si el acuerdo de standstill suscrito por ABENGOA con más del 60% de su pasivo financiero constituía o no un acuerdo de refinanciación homologable al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal.

La decisión en torno a la homologación judicial de este acuerdo de standstill no resultaba para nada sencilla, sentando además un importante precedente en el marco de los innumerables procesos de refinanciación abiertos y por abrir en España a partir de la emisión de dicho Auto de Homologación.

A efectos de un adecuado análisis de esta cuestión, conviene recordar que en esencia un acuerdo de standstill consiste únicamente en un compromiso de renuncia a la ejecución por parte de los acreedores financieros que suscriban el mismo durante un determinado periodo de tiempo, con la finalidad permitir al deudor afrontar su proceso de refinanciación, pero sin renunciar con ello a la exigibilidad de sus créditos y sin que ello conlleve la refinanciación o novación de los mismos. Por lo que en definitiva, tal y como está concebido, un acuerdo de standstill no conlleva la refinanciación de la deuda de una sociedad, si no que consiste más bien en un instrumento para alcanzar ese acuerdo de refinanciación que de verdad confiera viabilidad a la misma.

En este contexto y a efectos de entender el dilema al que se enfrentaba su SSª, conviene recordar los requisitos que la Disposición Adicional Cuarta de Ley Concursal exige para la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación:

  • Requisitos Formales
  1. Que el auditor de cuentas certifique que el acuerdo de refinanciación ha sido suscrito por, al menos, el 51% del pasivo financiero.
  1. Que el acuerdo de refinanciación se haya formalizado en documento público al que se haya incorporado toda la documentación necesaria para justificar su contenido.
  • Requisitos Materiales
  1. Que el acuerdo de refinanciación haya sido suscrito por el 51% del pasivo financiero.
  1. Que con la firma del acuerdo de refinanciación se proceda a la ampliación significativa del crédito disponible o a la modificación o extinción de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su plazo de vencimiento o bien mediante el establecimiento de otras contraídas en sustitución de estas, siempre que respondan a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo.

Expuesto lo anterior, es precisamente en el segundo de los Requisitos Materiales antes expuesto dónde en este caso radica la mayor dificultad si lo que se pretende es defender la posible homologación judicial del Acuerdo de Standstill presentado por ABENGOA, tal y como así resolvió el Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Sevilla.

Para ello, SSª comienza en su Auto aludiendo al espíritu de la normativa concursal y, en especial, de las últimas reformas aprobadas en esta materia, cuya finalidad básica tal y como refrenda la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, consiste en “considerar que la continuidad de las empresas económicamente viables es beneficiosa no sólo para las propias empresas, sino para la economía en general y, muy en especial, para el mantenimiento del empleo”. Y, en este sentido, posteriormente hace alusión expresamente al EBITDA positivo de ABENGOA, concluyendo que “nos encontramos ante el supuesto de un grupo empresarial viable desde un punto de vista operativa, pero apalancado desde un punto de vista financiero”.

Bajo la anterior premisa, su SSª basa su análisis a lo largo del Auto en una interpretación teleológica de nuestra Ley Concursal y, para ello:

  • para determinar el contenido del Acuerdo de Standstill parte del principio de irrelevancia del nomen iuiris, bajo el argumento de que “las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son”, por lo que pese a que se articule y denomine como “Acuerdo de Espera”, entiende su SSª que dicha espera se concreta en una prórroga del vencimiento de las obligaciones de pago, cuestión que sin duda habrá de tenerse en cuenta en el futuro a la hora de suscribir un acuerdo de standstill, pues no es normalmente esa la intención de las partes (si así fuese, dicha prórroga se articularía más bien como contrato de novación); y,
  • con respecto al requisito consistente en que el acuerdo de refinanciación responda a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad en el corto y medio plazo, su SSª se apoya en que dado que el Acuerdo de Standstill se limita bajo su interpretación a prorrogar durante siete meses el vencimiento de las obligaciones de los deudores, se reduce así la necesidad de verificación del plan de viabilidad.

Asimismo, basa su argumentación con respecto este requisito en que debe optarse por exigir que el acuerdo de refinanciación sea imprescindible para la continuidad de la actividad empresarial, sin perjuicio de que no sea suficiente para lograr tal objetivo y que, por tanto, se enmarque en una actuación más amplia que contemple otras medidas en el marco de dicho plan de viabilidad.

Y así, en el marco de un proceso de enorme notoriedad e interés público, su SSª procedió a la homologación de un acuerdo de standstill, lo cual conlleva en la práctica toda una serie de consecuencias prácticas que volverán a modificar en parte el ya complicado mundo de los procesos de refinanciación, abriendo el abanico de posibilidades existentes en términos de homologación judicial y extensión de efectos de un acuerdo de refinanciación.