El 13 de julio de 2.016 se han hecho públicas las conclusiones del abogado general Sr. Paolo Mengozzi emitidas en el seno de los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15 ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativas a la posible aplicación retroactiva de los efectos de declaración de nulidad de las cláusulas suelo.

LAS CLÁUSULAS SUELO Y SU RETROACTIVIDAD

El 9 de mayo de 2.013 el Tribunal Supremo dictó Sentencia en la que consideraba abusivas las cláusulas “suelo”, al entender que los consumidores no habían sido correctamente informados de la carga económica y jurídica que les imponían esas cláusulas.

De conformidad con el Derecho español la consideración de abusiva de esta cláusula implica su nulidad, y conforme a los arts. 1303 del Código Civil y 83 de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios, el efecto de tal declaración debería ser la restitución de las prestaciones. Dicho de otro modo, el prestatario en una operación con una cláusula declarada abusiva, en principio, tendría derecho a recuperar la totalidad del exceso abonado por aplicación de dicha cláusula desde que se firmó el contrato.

Esto es lo que comúnmente se ha denominado la “retroactividad” de las cláusulas suelo, es decir si el efecto económico de la nulidad se debía desplegar desde que se firmó el contrato (efecto retroactivo) o desde que recae la Sentencia que resuelve sobre la nulidad.

Hasta mayo de 2.013 existía cierta controversia en los Tribunales sobre cuál debería ser el momento de los efectos. Algunos se decantaban por los efectos desde la Sentencia y otros desde el comienzo del contrato.

El Tribunal Supremo optó por una solución salomónica y decidió limitar los efectos en el tiempo de la declaración de nulidad de estas cláusulas, de modo que sólo produjera efectos de cara al futuro, a partir de la fecha en que se dictó la citada sentencia (es decir desde mayo de 2.013). A partir de esta Sentencia, la mayoría de los Tribunales (no todos) se decantaron por seguir la línea marcada por el Tribunal Supremo y declarar los efectos desde mayo de 2.013.

Los motivos esgrimidos por el Tribunal Supremo para esta solución se basaban en las negativas consecuencias macroeconómicas que implicaría para la economía española la aplicación retroactiva dada la multitud de cláusulas y entidades financieras afectadas.

LAS CONCLUSIONES DEL INFORME DEL ABOGADO GENERAL

En este contexto, la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante y el Juzgado de lo Mercantil 1º de Granada, con motivo de sendas reclamaciones iniciadas por particulares ante entidades financieras, donde se reclamaba la nulidad de la cláusula con efecto retroactivo, elevaron la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Técnicamente lo que plantean los tribunales españoles es si es compatible con la normativa europea, y más concretamente con el art. 6 de la Directiva 93/13/CEE, la posibilidad de limitar en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad. Es decir, que los efectos de nulidad no se retrotraigan a la fecha de celebración del contrato si no a una fecha posterior.

El Abogado General concluye en su dictamen que la decisión del Tribunal Supremo de limitar en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad es perfectamente compatible con la normativa comunitaria y, concretamente, que dicha limitación en el tiempo de los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas abusivas no redunda en perjuicio ni de la efectividad de los derechos reconocidos por la Directiva 93/13, ni de los objetivos perseguidos por ésta.

El Abogado General fundamenta que el ordenamiento jurídico español sanciona adecuadamente las cláusulas consideradas abusivas, ya que internamente (Código Civil, Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios) están sancionadas con la mayor gravedad civil, que es la nulidad de la cláusula.

Asimismo subraya que dado que el Derecho de la Unión no armoniza ni las sanciones aplicables en el supuesto del reconocimiento del carácter abusivo de una cláusula ni las condiciones en las que un órgano jurisdiccional supremo decide limitar los efectos de sus sentencias, esta situación queda regida por el ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros en virtud del principio de autonomía procesal.

En definitiva el Tribunal Supremo es soberano para la fijación de los criterios de aplicación de la normativa que se basa en la Directiva, siempre que el efecto no resulte perjudicial para su aplicación. Y que en ese contexto el Tribunal Supremo puede ponderar en la protección de los consumidores las consecuencias macroeconómicas de dicha protección.

Por último señala el Abogado General que esta decisión del Tribunal Supremo no contraviene los principios de equivalencia ni de efectividad.

El principio de equivalencia exige que una norma nacional se aplique indistintamente tanto a los recursos basados en la vulneración del Derecho de la Unión como a los que se fundamentan en el incumplimiento del Derecho interno. En este sentido es claro para el Abogado General que la limitación de la retroactividad aplicada por el Tribunal Supremo no se aplica exclusivamente a litigios exclusivamente basados en normas comunitarias, si no muy al contrario, ha quedado ampliamente acreditado que se aplica en procesos internos.

El principio de efectividad exige que una norma procesal nacional no haga imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión. En este punto el Abogado General opina que la prohibición de utilizar las cláusulas “suelo” a partir del 9 de mayo de 2013 y la obligación de devolver las cantidades indebidamente percibidas a partir de esa fecha contribuyen a la realización de los objetivos perseguidos por la Directiva, ya que considera que el efecto constituye una sanción con efecto disuasorio para los profesionales.

EFECTOS DEL DICTAMEN

El Abogado General propone al Tribunal de Justicia que declare que la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de las cláusulas “suelo” incluidas en los contratos de préstamo hipotecario en España es compatible con la Directiva. Es decir, no se aplicaría la retroactividad absoluta –desde el comienzo del contrato-, si no que la entidad de crédito sólo debería devolver las cantidades indebidamente cobradas desde el 9 de mayo de 2.013.

Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se trata. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto concreto y la sentencia se dictará en un momento posterior.

Será necesario esperar a la resolución definitiva del Tribunal de Justicia, pero de momento este informe apunta en una dirección que hace muy complicado la posibilidad de reclamar cantidades indebidamente cobradas con anterioridad al 9 de mayo de 2.013.