Hasta el pasado 2 de octubre del presente año se encontraba en vigor la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, actualmente derogada por la letra a) del número 2 de la disposición derogatoria única de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en adelante, LPAC.

Con la aprobación de la LPAC se materializan una serie de cambios y novedades, objeto de estudio en el presente artículo.

La citada Ley, cuyo objeto es regular las relaciones externas entre la Administración y los ciudadanos, se encuentra dividida en 133 artículos, estructurados en seis títulos, cinco disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales, de entre los cuales, existen diferentes novedades que analizaremos a continuación.

Título I, De los interesados en el procedimiento.

  • Capacidad de Obrar: Se extiende la misma a las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos cuando la Ley así lo declare expresamente.
  • Representación: Se incluyen nuevos medios para acreditar la representación en el ámbito exclusivo de las Administraciones Públicas, como son el apoderamiento apud acta, presencial o electrónico, o la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública u Organismo competente.
  • Identificación y firma electrónica: Se distinguen ambos conceptos, siendo necesaria en las actuaciones con la administración la identificación, y sólo cuando deba acreditarse la voluntad y consentimiento del interesado se requerirá la firma electrónica.

Título II, De la actividad de las Administraciones Públicas.

  • Sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas: Las personas físicas podrán elegir si se comunican con la Administración por medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a ello. Y, en todo caso estarán obligados a relacionarse por medios electrónicos:
  1. Las personas jurídicas.
  2. Las entidades sin personalidad jurídica.
  3. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
  4. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
  5. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
  • Obligación de todas las Administraciones Públicas de contar con un registro electrónico general: Estos registros estarán asistidos por la actual red de oficinas en materia de registros, que pasarán a denominarse oficinas de asistencia en materia de registros.
  • Silencio Administrativo: En relación al silencio administrativo por los procedimientos iniciados a solicitud del interesado se mantiene la regla general del silencio positivo, estableciendo como novedad que en el plazo de 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver, la Administración deberá expedir de oficio el correspondiente certificado del silencio.
  • Términos y plazos: Destaca con carácter principal el cómputo de plazos por horas y la declaración de los sábados como días inhábiles, unificando los criterios de cómputo en el ámbito administrativo y judicial.

Título III, De los actos administrativos.

  • Práctica de las notificaciones: Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos. Dicha práctica se efectuará siempre que el interesado se encuentre obligado a recibir notificaciones por esta vía. Por le contrario, cuando el interesado no se encuentre en la obligación de recibir notificaciones electrónicas, podrá decidir y comunicar en cualquier momento a la administración que sus notificaciones se comuniquen o dejen de comunicarse por medios electrónicos. 

No obstante, cabe destacar que la disposición final séptima establece que la práctica de las notificaciones por medios electrónicos entrará en vigor a los dos años de la publicación de la LPAC   en el BOE.

Título IV, De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común

  • Potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial: La principal novedad es la unificación de ambos procedimientos, ya que en la actual LPAC, se han integrado como especialidades del procedimiento administrativo común.
  • Uso generalizado y obligatorio de medios electrónicos: Se incorpora el uso de medios electrónicos a las fases de iniciación, ordenación, instrucción y finalización del procedimiento.
  • Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora: Se establece como novedad que no se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.
  • Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común: Las Administraciones Públicas, de oficio o a instancia del interesado, podrán acordar la tramitación simplificada del procedimiento cuando concurran razones de interés público o cuando la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. El plazo máximo de resolución será de treinta días.

Título V, De la revisión de los actos en vía administrativa.

  • Pluralidad de recursos: En los supuestos en que exista pluralidad de recursos interpuestos contra un mismo acto administrativo y, habiéndose interpuesto recurso judicial contra una resolución administrativa o contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, se prevé la posibilidad de suspender el plazo para resolver tales recursos en tanto no se haya resuelto el recurso judicial.
  • Reclamaciones previas en vía civil y laboral: La Ley 30/1992, regulaba en sus artículos 120 y siguientes, las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales. Artículos que han sido suprimidos en la nueva LPAC, debido a la escasa utilidad práctica de las mismas.

Título VI, De la iniciativa legislativa y potestad normativa de las Administraciones Públicas.

En este título se incluyen varias novedades dedicadas a incrementar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas. Se introduce un trámite de consulta pública a través de portal web de la Administración competente, y la posibilidad de que, cuando la norma afecte a derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publique el texto en el portal web correspondiente.

Por lo expuesto, cabe destacar la relevancia de las modificaciones realizadas en la nueva LPAC, haciendo especial hincapié en materia de plazos y medios electrónicos.

 

Uxía Abelenda Dos Santos

Noviembre 2016